La convocatoria electoral aborta 62 leyes que estaban en trámite

Un total de 62 leyes y dos reformas del Reglamento del Congreso se encuentran en tramitación y morirán parlamentariamente por el adelanto electoral convocado por Pedro Sánchez. El atasco provocado por la falta de entendimiento del Gobierno y sus socios a la hora de aprobar leyes afectaba prácticamente a todas las áreas, y entre los textos que se ven frustrados, hay un total de 29 considerados urgentes. Entre ellos, la nueva ley de Familias de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, o el proyecto de ley que desarrolla el decreto-ley de reforma las pensiones.

Pese a tener la consideración de urgentes tampoco llegarán a aprobarse las leyes de reforma de la cotización de los autónomos, de las condiciones de los trabajadores del hogar o de aumento de los incentivos a la contratación de los artistas. La nueva ley de cine y cultura audiovisual o la de creación de una Agencia Estatal de Salud Pública -que el Gobierno también habían sido señalado como prioritarias para esta legislatura-, embarrancan de igual modo.

Junto a las 29 leyes urgentes que ya no entrarán en vigor hay proyectos que llevaban en tramitación desde 2020 e incluso leyes relacionadas con el Covid-19 o el Brexit. También decaen dos leyes previstas para transponer directivas de la UE. Una de ellas con la consideración de urgente, para desarrollar un decreto-ley ómnibus que regula materias tan dispares como los bonos garantizados, los derechos de autor, las retransmisiones de radio y televisión, los derechos de los consumidores o la promoción de vehículos limpios.

Y un segundo proyecto previsto para transponer las medidas europeas de lucha contra el fraude. Las dos propuestas de reforma del Reglamento de Congreso pretendían regular los 'lobbies' y elevar el control parlamentario sobre el Gobierno.

Las 62 leyes en tramitación decaen así sin excepción al disolverse las Cortes. Ello implica que su tramitación deberá comenzar desde el principio en la próxima legislatura, si es que el próximo Gobierno y la futura mayoría parlamentaria deciden impulsarlas.

Dentro del bloque de leyes frustradas, 33 son proyectos de ley remitidos por el propio Gobierno y otros 29 son proposiciones impulsadas por los grupos parlamentarios. Entre las iniciativas que acaban en la 'basura' y que seguían el trámite ordinario destacan las reformas de la Seguridad Nacional y de los secretos oficiales, con meses de bloqueo a sus espaldas.

La primera inició su andadura parlamentaria en marzo de 2022 pero los socialistas la mantuvieron parada prorrogando más de 50 veces el plazo de enmiendas. La reforma de los secretos oficiales aún llevaba más tiempo esperando, desde el año 2020, y ha llegado a superar el centenar de prórrogas. La primera estaba en manos del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, mientras que la segunda fue una de las promesas que el PSOE realizó a PNV y que ahora quedan incumplidas.

Pero el partido vasco no es el único que termina la legislatura con las manos menos llenas de lo que esperaba. Muchas de las leyes que embarrancan respondían a cesiones de Sánchez a sus socios, como las nuevas leyes sobre salud mental, seguridad del paciente o ELA. En cuanto al bloque de derechos y libertades, tampoco saldrá adelante la reforma que iba a aumentar la protección de la libertad de expresión, o la que pretendía despenalizar las injurias a la Corona.

Podemos, de hecho, ha venido manifestando su malestar por el bloqueo que su socio estaba aplicando a algunos proyectos pactados. En cambio, la reforma del 'sólo sí es sí', o las nuevas leyes de vivienda, bienestar animal o 'trans' no se ven afectadas por el adelanto electoral porque ya habían sido definitivamente aprobadas por las Cortes. En cambio, la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana ya había sido abortada por ERC y Bildu al no aceptar el PSOE sus principales pretensiones.

Una vez convocadas las elecciones, Sánchez ya no puede impulsar nuevos proyectos de ley pero sí tiene las manos libres para seguir aprobando decretos-leyes, con los mismos límites que en el resto de la legislatura. Con el Congreso disuelto, la Diputación Permanente es el órgano que asume la competencia de convalidar estos textos. El Ejecutivo conserva todos sus poderes y solo entrará en funciones una vez celebradas las elecciones.